Kléber Monlezun Cunliffe
Abogado Penalista


INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - PRUEBA INSUFICIENTE - RECHAZO DE LA DEMANDA.

 


Fallo:

Santiago, 06 de agosto de 2013.-

Vistos:

Ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Castro, en autos Nº 32.456-2007, doña Zulema Eliana Madrid Reyes y su hija, doña Lorena Alejandra Carrasco Madrid, deducen demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada del accidente de tránsito, en contra de don Francisco Segundo Oyarzún Segovia y de doña Solys Delia Miranda Ovando, a fin que los demandados sean solidariamente condenados a pagar las sumas que señalan, o las que el tribunal determine, por concepto de daño emergente y moral, más reajustes, intereses y costas.

La demandada Solys Miranda, al contestar la demanda a fojas 16, solicita su rechazo alegando que la acción entablada se sustenta equivocadamente en las normas del Código Civil y no en las reglas de la Ley del Tránsito; que los daños pueden ser reclamados únicamente en la sede infraccional o penal, salvo que se haya dictado sentencia condenatoria, en cuyo caso cabe la responsabilidad en sede civil; que para que le sea oponible lo actuado en el Juzgado de Policía Local necesariamente debe haber sido notificada del proceso infraccional, lo que no ha ocurrido en el caso; que en el evento existe una falta de petición, la que no puede ser suplida por el tribunal; además controvierte los daños reclamados y, por último, alega que el vehículo fue usado contra su voluntad, según lo que explica.

El demandado Francisco Oyarzún, al contestar la demanda a fojas 31, argumenta que la demandante se apartó de los procedimientos señalados por el legislador para perseguir la responsabilidad civil del conductor de un vehículo motorizado por los daños que éste ocasione, se apartó tanto en el procedimiento establecido como en la fuente de la responsabilidad , a lo que agrega el equivocado petitorio del libelo al solicitar que se le condene como conductor del vehículo y no como autor de un hecho ilícito. Por último contraría los daños reclamados.

Se evacuaron los trámites de la réplica y de la dúplica.

En sentencia de veintiocho de abril de dos mil doce, escrita a fojas 191 y siguientes, el tribunal de primer grado acogió la demanda en cuanto condena solidariamente a los demandados a pagar a la víctima principal las sumas que indica por concepto de indemnización por daño emergente y moral y a la hija de aquélla, la cantidad que señala por concepto de indemnización por daño moral.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, conociendo del referido fallo por vía de apelación deducida por la parte demandada, en sentencia de veintitrés de octubre de dos mil doce, que figura a fojas 233, revocó la de primera instancia en la parte que concedía indemnización por daño emergente a la víctima principal y, en su lugar, rechazó ese ítem, confirmándola en lo demás.

En contra de esta última sentencia, la parte demandada deduce recurso de casación en el fondo, pidiendo que se la invalide y se dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 775 http://cl.microjuris.com/img/doc_icon.jpg del Código de Procedimiento Civil, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación, o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista, lo que no se hizo por haberse advertido la presencia del vicio encontrándose la presente causa en estado de acuerdo.

Segundo: Que es causal de nulidad formal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 768 Nº 5 http://cl.microjuris.com/img/doc_icon.jpgdel Código de Procedimiento Civil, la circunstancia de haberse dictado la sentencia con omisión de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 170 del mismo texto legal, cuyo Nº 4 dispone que las sentencias deben contener las consideraciones de hecho y de derecho que le sirvan de fundamento.

Tercero: Que la importancia del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, específicamente en relación con su N° 4, la ha acentuado esta Corte Suprema en diversas oportunidades, para la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. En este contexto surge toda la distinción racional sobre lo que efectivamente constituye el fundamento del fallo por parte de los jueces, distinguiendo lo que son las motivaciones, fundamentaciones, justificaciones y argumentaciones, resolviéndose por la jurisprudencia comparada que hay ausencia de fundamento tanto cuando éste se encuentra ausente, como cuando la ausencia es parcial o son insuficientes los expresados, al igual que al existir incoherencia interna, arbitrariedad e irrazonabilidad. Los tribunales y la doctrina han hecho hincapié en esta obligación de motivar o fundamentar las sentencias, por cuanto tal exigencia no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal, referido a la posibilidad de recurrir, que implica impugnar una resolución de manera de evitar errores y arbitrariedades -derecho consagrado en la Carta Fundamental, que importa la idea del racional, justo y debido proceso que debe alcanzarse en la sentencia- sino porque, además, se relaciona con un tema externo a la procesabilidad indicada, que se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y que hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del por qué de una determinación.

Cuarto: Que, en el caso, en la sentencia impugnada se reproduce el fallo de primer grado, al que se le efectúan correcciones, entre ellas, la eliminación de los últimos tres párrafos del motivo decimocuarto, en los que se contenía el análisis necesario para tener por acreditada la existencia del daño moral causado a la hija de la víctima. Dicho razonamiento fue sustituido por el siguiente: "Que, demanda, además, la hija de la víctima Zulema Madrid Reyes, doña Lorena Carrasco Madrid la indemnización por el daño moral que le ha causado el accidente sufrido por su madre, al que se accederá, teniendo presente la angustia, tristeza y pena que le ocasionara el hecho atendido (sic) su calidad de hija". En otros términos no existe examen alguno de las probanzas rendidas en la causa para los efectos de tener por demostrada la concurrencia del perjuicio extrapatrimonial reclamado por la hija de la víctima; sólo se afirma que dicho perjuicio ha existido, lo que, sin lugar a dudas, no califica en los términos exigidos en el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no es dable aseverar que los jueces han dado estricto cumplimiento a lo dispuesto por el constituyente y el legislador, desde que no logra dilucidarse con la claridad exigida por la ley el fundamento de la resolución en la que necesariamente deben confluir los sustentos consignados en el fallo.

Quinto: Que, por consiguiente, al haberse extendido la sentencia en los términos ya referidos, sólo cabe concluir que ésta carece del apoyo requerido, exigencia con la que debió cumplirse, desde que proviene de la calificación de justo y racional del procedimiento que debe mediar para asentar las decisiones de los órganos que ejercen jurisdicción en el Estado y tan importante es esta obligación impuesta a los magistrados, que su inobservancia corresponde sancionarla, privando de valor al fallo. Cabe, en este mismo sentido recordar, que "considerar" implica la idea de reflexionar detenidamente sobre algo determinado, es decir, concreto. En consecuencia, es nula por no cumplir con el precepto del Nº 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que carece del sustento lógico y coherente que es de su esencia y como ha quedado claramente demostrada la falta a las disposiciones y principios referidos en que incurrieron los jueces de la instancia, al prescindir del raciocinio coherente necesario al efecto, se ha incurrido en una omisión constitutiva del vicio de casación en la forma previsto en el artículo 768 Nº 5, en relación con el artículo 170 Nº 4, ambos del Código de Procedimiento Civil, por la falta de consideraciones de hecho y derecho que le sirven de fundamento al fallo, lo que conduce a su invalidación, única forma de reparar el perjuicio causado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764 http://cl.microjuris.com/img/doc_icon.jpg, 765 http://cl.microjuris.com/img/doc_icon.jpg, 768 http://cl.microjuris.com/img/doc_icon.jpg, 771, 772, 775, 783 y 785 del Código de Procedimiento Civil, actuando de oficio esta Corte, se invalida la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil doce, que se lee a fojas 233 y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, separadamente.

Atendido lo resuelto, no se emite pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo intentado por la demandada a fojas 234.

Redacción a cargo del Ministro señor Patricio Valdés Aldunate.

Regístrese.

N° 9.211-2012.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señoras Rosa Egnem S., María Eugenia Sandoval G., señor Ricardo Blanco H., y el Abogado Integrante señor Arturo Prado P. No firma el Ministro señor Blanco y el Abogado Integrante señor Prado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, seis de agosto de dos mil trece.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a seis de agosto de dos mil trece, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, seis de agosto de dos mil trece.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:

a) se suprime el tercer párrafo del motivo "décimo segundo". En este mismo raciocinio, en su último acá pite, se eliminan las referencias a los gastos ordinarios para el restablecimiento de la salud y al daño emergente.

b) se suprime el fundamento "décimo cuarto".

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, sin perjuicio de compartirse o no la procedencia de la indemnización de perjuicios extrapatrimoniales que se habrían causado a la hija de la víctima, lo cierto es que no se ha rendido prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de dichos perjuicios, de modo que, en este sentido, debe rechazarse el libelo intentado.

Segundo: Que, asimismo, resulta inepta la prueba rendida para los efectos de establecer la existencia y monto del daño patrimonial reclamado por la víctima del accidente. En efecto, las declaraciones de testigos vagas, imprecisas y no coincidentes y la confesional ficta, mal pueden conducir a determinar las bases del otorgamiento de la indemnización por este rubro, la que debe, por ello, desestimarse. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca, sin costas del recurso, la sentencia apelada de veintiocho de abril de dos mil doce, escrita a fojas 191 y siguientes, sólo en cuanto concede indemnización por daño emergente a doña Zulema Madrid Reyes, víctima del hecho ilícito e indemnización por daño moral a doña Lorena Carrasco Madrid, hija de la víctima y, en su lugar, se declara que se rechaza la demanda interpuesta para obtener el resarcimiento de dichos rubros.

En lo demás, se confirma el fallo apelado.

Redacción a cargo del Ministro señor Patricio Valdés Aldunate.

Regístrese y devuélvanse, con sus agregados.

Nº 9.211-2012.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señoras Rosa Egnem S., María Eugenia Sandoval G., señor Ricardo Blanco H., y el Abogado Integrante señor Arturo Prado P. No firma el Ministro señor Blanco y el Abogado Integrante señor Prado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, seis de agosto de dos mil trece.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a seis de agosto de dos mil trece, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.






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