Kléber Monlezun Cunliffe
Abogado Penalista


ACCIDENTES DE TRÁNSITO - CUASIDELITO DE HOMICIDIO - HOMICIDIO CULPOSO - RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR - INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - PONDERACIÓN DE LA PRUEBA - CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO - RECURSO DE NULIDAD - RECHAZO DEL RECURSO

 

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La causa determinarte del atropello no fue el riesgo creado por la víctima, sino el creado por el conductor del vehículo al infringir con su conducta las normas reglamentarias de la Ley 18.290, sustentando la decisión de condena.


 

 

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por el actor por cuanto la sentencia atacada no ha incurrido en infracción de ley alguna, desde que establecida la imprudencia que hace al imputable del resultado lesivo, los sentenciadores aplicaron correctamente las normas de los artículos 491 N°2 y 492 del Código Penal. Además, los preceptos de la Ley de Tránsito , aplicados en el fallo recurrido, no se han denunciado como conculcados en el libelo del recurso. Las hipótesis de culpa previstas en la ley N° 18.290, que reprimen la conducción de quien no está atento a las condiciones de tránsito del momento y lo hace por sobre los límites de velocidad máxima en zonas urbana, sustentan la decisión de condena.

2.- En relación a la causal subsidiaria, los sentenciadores rechazaron la minorante del numeral 9° del artículo 11 del Código Penal, por estimar que el acusado no reconoció los antecedentes que en definitiva se acreditaron con la prueba rendida por el ente persecutor y querellante. En relación a la determinación de la pena, el fallo consigna que no existen modificatorias de responsabilidad que considerar, razón por la cual el tribunal estaba facultado para recorrer la pena en toda su extensión. En concreto, se impuso al sentenciado la pena de seis meses de reclusión menor en su grado mínimo, por consiguiente, el vicio que se reclama carece de influencia en lo resolutivo del fallo, desde que los sentenciadores impusieron la pena en su grado mínimo y aún reconociendo la atenuante cuyo reconocimiento se pretende, la sanción se ajusta igualmente al tramo legal, por cuanto en la hipótesis planteada a los jueces les habría estado vedado imponerla únicamente en su grado máximo.

 

Fallo:

Santiago, 2 de abril de 2011.

Vistos:

Oídos los intervinientes:

PRIMERO: Que, don Mario Araya Flores, defensor penal público, en representación de Luis Daniel Burgos Sepúlveda interpuso recurso de nulidad contra la sentencia definitiva dictada en la causa RIT O-208-2011, RUC 1100130170-7, del Séptimo Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con fecha tres de enero del año en curso, por la cual se condenó al acusado como autor del cuasidelito de homicidio cometido en la persona de Rodolfo Esteban Lara Sánchez, hecho ocurrido el seis de febrero de dos mil once en la comuna de La Florida, accesorias que corresponden, suspensión de licencia o permiso para conducir vehículos motorizados durante el lapso de un año. Además, por reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de la ley 18.216 se concedió al mencionado Burgos Zúñiga el beneficio de la reclusión nocturna. Se rechazó la acción civil interpuesta por la parte demandante.

SEGUNDO: Que, fundamentando el recurso interpuesto, la defensa del encausado señala que la sentencia impugnada incurrió en la causal de nulidad prevista por la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal. Por vía principal denuncia la infracción a los artículos 1° , 2° , 490 N° 1 y 492 del Código Penal y, en forma subsidiaria, alega la vulneración de los artículos 11 N° 9 , 68 y 69 del Código Penal.

TERCERO: Que, en primer lugar, el recurrente hace reflexiones acerca de los criterios de imputación objetiva en materia penal, señalando que el primer error de la sentencia radica en excluir del análisis de causalidad la circunstancia de que la víctima cruza por un paso no habilitado, de noche y en estado de ebriedad. Si bien no existe discusión entre los intervinientes de que en materia penal no es aplicable la compensación de culpas, no es menos cierto que algo se debe hacer con la conducta culposa de la persona fallecida que concurre con su actitud imprudente a provocar su deceso.

Agrega que ante la dificultad de elegir entre las causas del accidente o al menos partiendo de los hechos establecidos en el fallo atacado, que implica acepar que la infracción reglamentaria es causa del fallecimiento de la víctima, se debe recurrir al criterio de protección de la norma como elemento correctivo para la atribución de responsabilidad, integrando la conducta de ésta como causa.

Indica que las normas reglamentarias citada en la sentencia y en cuya infracción funda la responsabilidad de su representado tienen claramente un ámbito de protección, la seguridad vial a favor de los conductores y peatones. En el caso de autos la víctima ha actuado fuera en lo establecido en la norma, es decir, ha defraudado la expectativa del resto de los sujetos que se desempeñan en el tráfico vial al decidir cruzar una avenida por un lugar no habilitado para ello, poniéndose voluntariamente fuera del riesgo que la norma reglamentara intenta evitar, pues no es posible afirmar que la regulación de velocidad máxima de desplazamiento de los vehículos o la obligación de estar atento a las condiciones de tránsito, importa la protección de aquellos peatones que no cumplen con lo dispuesto por las normas que regulan su desempeño en el tráfico vial.

Añade que acreditado el error que denuncia no es posible subsumir los hechos establecidos en el tipo de cuasidelito de homicidio, pues la hipótesis compleja de pluricausalidad establecida en la propia sentencia al establecer tres causas del resultad de la conducta, necesariamente importa el análisis desarrollado en su libelo, en cuanto a nexo causal como elemento de la conducta, que a su vez es uno de los elementos del tipo y que por otro encuentra sustituto en los criterios de imputación objetivo y sus necesarios correctivos. Lo anterior hace posible incorporar la causal ajena al imputado al correcto análisis fenomenológico y normativo, el que necesariamente deviene a la falta de responsabilidad del encartado por cuanto su conducta no es causa de aquel resultado.

Explicando como el error que denuncia influyó en lo resolutivo de la sentencia atacada señala que de haberse aplicado correctamente lo dispuesto en los artículos 1°, 2, 490 N° 1 y 492 del Código Penal, el acusado habría sido absuelto de los cargos sostenidos por el ministerio público.

En subsidio de la causal anterior, alega la del artículo 373 b) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 11 N° 9, 68 y 69 del Código Penal, por estimar que los jueces incurrieron en infracción de ley al negar la concurrencia de la minorante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Si la sentencia establece como causa del fallecimiento de la víctima el exceso de velocidad al cual se desplazaba el acusado, hecho reconocido por éste desde el comienzo de la investigación y respecto del cual no existe pericia alguna, no es procedente descartarla.

Indica que de este modo -en su concepto- el fallo atacado excede la establecido por el legislador, lo que redunda en la incorrecta aplicación de los artículos 68 y 69, pues debió aplicarse la pena en el mínimo y haberse considerado además dicha atenuante para establecer la graduación de la sanción impuesta.

Agrega que la sentencia debió considerar la culpa de la propia víctima y el hecho acreditado y reconocido por la madre de la víctima de haber recibido por concepto de indemnización por el fallecimiento de su hijo la suma de 150 Unidades de Fomento que fueron ya entregados por al padre.

Sostiene que de haberse aplicado correctamente los artículos que denuncia la pena impuesta debió ser de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, con el beneficio alternativo de cumplimiento en régimen de reclusión nocturna.

CUARTO: Que en recurso de nulidad regulado en el Código Procesal Penal, ha sido instituido para velar por la correcta aplicación de la ley dentro de los hechos que se dan por establecidos en la sentencia.

La sentencia que se revisa, en su motivo undécimo, asentó que "el peatón ya había avanzado sobre la calzada un par de metros -desde el costado izquierdo de la calzada hacía el derecho y no como refiere el conductor-, antes de producirse el atropello y que el conductor del móvil, al no estar atento a las condiciones de tránsito no lo vio, a pesar de que un vehículo que lo seguía a unos cuarenta metros de distancia si advirtió su presencia; y dada la alta velocidad a la que se desplazaba -evidentemente sobre la permitida en zona urbana- no efectuó una maniobra evasiva, ni siquiera aplicó el freno, teniendo la posibilidad de hacerlo, ya que se trata de una avenida que tiene dos pistas y que no existían otros vehículos que se lo impidieran". En el razonamiento siguiente, concluyeron: "...no es posible aceptar como la causal basal o determinante del accidente la imprudencia del peatón, aún cuando no haya cruzado en un paso habilitado y estuviere ebrio, por cuanto de no mediar la imprudencias del conductor, el accidente se pudo haber evitado o bien, terminar con otro resultado, circunstancias que finalmente en la audiencia reconoció el perito". Luego agrega el fallo "las infracciones reglamentarias señaladas fueron la causa determinante del accidente referido, presentándose todos los elementos del cuasidelito de homicidio, por cuanto aún cuando el peatón se haya expuesto imprudentemente al riesgo, en materia penal no existe compensación de culpas y, aún cuando pueda considerarse que la conducta de la víctima también fue antireglamentaria, por otra parte no puede desconocerse que no tiene la relevancia penal que ha pretendido la defensa".

QUINTO: Que los sentenciadores sobre la base de los hechos jurídicamente relevantes establecidos en el fallo, exponiendo las razones que sustenta la decisión, establecieron como causa determinaron del accidente la conducta infraccional del acusado. De los antecedentes fácticos solo puede deducirse que al atropello es imputable a la conducta del conductor del vehículo motorizado -acusado- como expresión de la falta de cuidado exigido por el ordenamiento jurídico que regula el tráfico vial, imprudencia que, como acertadamente concluyeron los jueces del fondo, se realizó en el resultado que se sanciona, es decir, como imputación objetiva del suceso típico. La causa determinarte del atropello no fue el riesgo creado por la víctima, sino el creado por el acusado al infringir con su conducta las normas reglamentarias de la Ley 19.290, sobre velocidad y conducción.

Sexto: Que, en las condiciones anotadas, la sentencia atacada no ha incurrido en infracción de ley alguna, desde que establecida la imprudencia que hace al encartado objetivamente imputable del resultado lesivo, los sentenciadores aplicaron correctamente las normas de los artículos 491 N°2 y 492 del Código Penal. Además, los preceptos de la Ley de Tránsito, aplicados en el fallo recurrido, no se han denunciado como conculcados en el libelo del recurso. Por consiguiente, las hipótesis de culpa previstas en la ley N° 18.290 , que reprimen la conducción de quien no está atento a las condiciones de tránsito del momento y lo hace por sobre los límites de velocidad máxima en zonas urbana, sustentan la decisión de condena.

En lo que se refiere al mismo código punitivo, de lo anterior se colige, en atención al ilícito en cuestión, que no era posible infringir el artículo 1° que está referido a los delitos.

NOVENO: Que, en lo atinente a la causal subsidiaria, los sentenciadores en el fundamento decimo noveno rechazaron la minorante del numeral 9° del artículo 11 del Código Penal, por estimar que en la versión entregada por el acusado al tribunal éste no reconoció los antecedentes que en definitiva se acreditaron con la prueba rendida por el ente persecutor y querellante. En relación a la d eterminación de la pena el fallo consigna que no existen modificatorias de responsabilidad que considerar, razón por la cual el tribunal estaba facultado para recorrer la pena en toda su extensión.

Décimo: Que en concreto se impuso al sentenciado la pena de seis meses de reclusión menor en su grado mínimo. Por consiguiente, el vicio que se reclama carece de influencia en lo resolutivo del fallo, desde que los sentenciadores impusieron la pena en su grado mínimo y aún reconociendo la atenuante cuyo reconocimiento se pretende, la sanción se ajusta igualmente al tramo legal, por cuanto en la hipótesis planteada a los jueces les habría estado vedado imponerla únicamente en su grado máximo.

Undécimo: Que por lo antes razonado, fuerza es concluir que el recurso es estudio debe ser, íntegramente, rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 372 , 376 y 384 del Código Procesal Penal, se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por don Mario Araya Flores, defensor penal público en representación de Luis Daniel Burgos Sepúlveda, contra de la sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el tres de enero de dos mil doce

Regístrese y otórguesele copia a los comparecientes.

Redactó la Ministro doña Jessica González Troncoso.

Rol Corte: 125-2012.-

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por los ministros señor Mario Rojas González y señora Jessica González Troncoso.

Resolución incluida en el Estado Diario de hoy.

 






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