Kléber Monlezun Cunliffe
Abogado Penalista


INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA - RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO DEL VEHÍCULO - RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO - RECURSO ACOGIDO - SENTENCIA DE REEMPLAZO - DISIDENCIA

 


Partes: Quezada Jerez, Cristina c/Transportes F 700 Ltda. s/ Accidente de Tránsito - Solidaridad Pasiva
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Fecha: 31-ago-2012
Cita: ROL:2557-10, MJJ33007

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que rechazó la demanda tendiente a hacer efectiva la responsabilidad solidaria del dueño del vehículo, toda vez que los jueces del grado han incurrido en los errores de derecho denunciados en el recurso, vulnerando las normas de los artículos 169 (antes 174) de la Ley N°18.290, 171 del Código Orgánico de Tribunales, 59 del Código Procesal Penal, 2511 y 2514 del Código Civil, yerros que influyeron decisivamente en lo dispositivo del fallo.

2.- Del tenor de la Ley N°18.290, articulo 171 del Código Orgánico de Tribunales y artículo 59 del Código procesal penal, entre otros queda en evidencia que la regla general en materia de solidaridad pasiva es la facultad del acreedor para dirigirse a su arbitrio, o contra todos sus deudores, o contra uno de ellos por el total, de manera que carece de sustento legal, la exigencia planteada en la sentencia que se impugna, en cuanto a que la parte actora debió haber accionado conjuntamente contra el chofer del vehículo y contra del dueño del móvil, para obtener la reparación por los daños reclamados.

3.- No sólo por virtud de la normativa general sobre solidaridad, sino que bajo los parámetros insoslayables de las normas que rigen la materia, no pudo plantearse a la parte demandante la exigencia de incoar la acción civil contra el tercero civilmente responsable conjuntamente con el chofer del vehículo, cuando, como lo revelaba el mérito de los hechos asentados en la causa, la parte acreedora ya había hecho uso de la facultad prevista por los artículos 171 del Código Orgánico de Tribunales y 59 de Código Procesal Penal, al deducir acción civil contra el chofer, en el proceso penal.

4.- La acción incoada contra el dueño del vehículo, vinculada a la obligación del causante del accidente por la solidaridad legal establecida en el artículo 169 de la Ley del Tránsito, no puede, alcanzar otros límites que los predeterminados para el autor del cuasidelito, razón por la que la alegación subsidiaria del petitorio de la demanda en orden regular como indemnización lo que estime ajustado a derecho, esto es, de acuerdo a lo razonado, declarar la responsabilidad solidaria de la parte demandada para responder por las sumas determinadas como indemnización en la sentencia penal, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

5.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, pues los errores de derecho denunciados no tienen influencia en lo dispositivo del fallo, en atención a que la demanda fue planteada de manera errada, lo que impide acogerla. En efecto, si la parte demandante pretendía la condena solidaria del demandado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley del Tránsito, (actual 169) debió demandar por las sumas a que fue condenado el chofer del vehículo de propiedad del demandado en sede penal y no sumas superiores a ellas, como hizo. Lo anterior denota que los actores demandaron un cúmulo de responsabilidades, esto es, la solidaria del dueño del vehículo establecida en el artículo 174 de la Ley del Tránsito y la civil emanada del artículo 2320 del Código Civil, como claramente se desprende del texto de la réplica, acciones de hecho incompatibles. (Del voto de disidencia del Ministro Sr. Valdés)
Fallo:
Santiago, 31 de agosto de 2012.

Vistos:

En autos rol Nº 12.972-2006 del 15° Juzgado Civil de Santiago, doña Cristina Quezada Jerez, abogada, en representación de doña Ismaela Enriqueta Díaz Alarcón, y de doña María Isabel, don Oscar Enrique, doña Ana María y doña Sonia Enriqueta, todos de apellidos Álvarez Díaz dedujeron, en juicio ordinario civil, demanda de indemnización de perjuicios en contra de Transportes F 700 Limitada, representada por don Jorge Moya Eguiluz, por la responsabilidad solidaria que le cabe, en su calidad de dueño del vehículo causante del accidente que costó la vida de su cónyuge y padre, respectivamente, hecho ocurrido en la ciudad de Santiago el día 24 de octubre de 2005; y se lo condene al pago de las sumas que indica o que el Juez estime en derecho, por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral, todo con reajustes, intereses y costas. funda la demanda en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil y 174 de la Ley del Tránsito.

La demandada contestó solicitando el rechazo de la pretensión, con costas. Sostiene que se persigue su responsabilidad solidaria, de conformidad con el artículo 174 de la Ley del Tránsito, lo que significa que es responsable para el pago pero no en el hecho causante de los daños; y que habiendo sido condenado el chofer del vehículo de su propiedad al pago de las sumas de $2.135.720 por daño emergente y de $10.000.000 por daño moral, no procede una nueva demanda de indemnización de perjuicios. Agrega que no tiene responsabilidad en los hechos que se le atribuyen y que la parte demandante solamente puede perseguir el pago de las indemnizaciones en el evento que el conductor del vehículo no pague la suma fijada en la causa criminal. El tribunal de primera instancia, por resolución de veintiocho de noviembre de dos mil ocho, escrita a fojas 265 y siguientes, rechazó la demanda, sin costas.

Se alzó la demandante y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, con algunas modificaciones y nuevos argumentos, por sentencia de veintiuno de enero de dos mil diez, escrita a fojas 316, confirmó la sentencia de primera instancia.

En contra de esta última decisión, la demandante, interpuso recurso de casación en el fondo, por haberse dictado la resolución aludida con las infracciones de ley que indica, solicitando se la invalide y se dicte la de reemplazo en la forma que expresa.

Se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que en el recurso de casación en el fondo se sostiene que la sentencia recurrida, al confirmar el fallo que rechazó la demanda medularmente por el nuevo fundamento incorporado en la alzada consistente en que la parte actora no enderezó su acción conjuntamente contra el conductor del camión y contra el dueño del vehículo, infringió los artículos 174 de la Ley del Tránsito; 59 del Código Procesal Penal; 1511 inciso segundo y 1514 del Código Civil; y 171 inciso tercero del Código Orgánico de Tribunales. Luego de reproducir los artículos citados del Código Civil, sostiene que de su lectura se desprende que no es necesario demandar a los deudores solidarios conjuntamente como exige la sentencia impugnada, toda vez que en forma expresa se permite ejercer la acción respecto de pluralidad de obligados en forma conjunta o separadamente. En abono de sus afirmaciones cita jurisprudencia de esta Corte Suprema. A su turno el artículo 174, actual artículo 169 de la Ley del Tránsito, se habría quebrantado al desconocerse los términos de la solidaridad en él establecida, incorporando presupuestos que el texto legal no contempla. Añade que, por otra parte, la confirmación de la sentencia de primer grado significa mantener la pretensión -tampoco prevista por el artículo recién citado de la Ley N° 18.290 - dirigida a que el actor debe acreditar si el conductor del móvil pagó o no la indemnización a que fue condenado en sede penal.

En lo que concierne al artículo 59 del Código Procesal Penal y 171 inciso tercero del Código Orgánico de Tribunales, dichos textos habrían sido vulnerados por los jueces del fondo en cuanto se desatendió que en ellos se prohíbe deducir, en sede penal, acción civil en contra de quien no tiene la calidad de imputado.

Termina señalando la manera en que los errores denunciados influyeron en lo dispositivo del fallo.

Segundo: Que en la sentencia se establecieron, en lo que interesa al recurso, los siguientes hechos y circunstancias relevantes:

a) en el párrafo segundo del considerando séptimo del fallo del juez de primer grado, mantenido en segunda instancia, se determina que en los hechos el actor pretende atribuir al demandado aquella responsabilidad extracontractual que emana de las consecuencias que le competen en el accidente, con resultado de muerte, provocado por don José Fernando Benavides Muñoz, chofer del camión cuyo dueño es el demandado de autos.

b) con la prueba rendida, y entre otros medios, con la copia autorizada de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, se determinó que resultó condenado como autor del cuasidelito de homicidio del causante de los actores de estos autos, don Oscar Álvarez Olivares, el chofer del camión que protagonizó el accidente ocurrido el 24 de octubre de 2005, don José Benavides Muñoz, quien al efectuar un viraje antirreglamentario atropelló al primero, hecho que con posterioridad le causó la muerte.

c) que en la causa criminal antes indicada, rit N°139-2006, los causahabientes que accionaron en esta sede enderezaron demanda civil por indemnización de perjuicios contra el chofer del vehículo antes mencionado, la que se acogió determinando que los primeros sufrieron daños materiales y morales y sobre esta base se lo condenó a pagar, por concepto de daño emergente y daño moral, las sumas reguladas por los rubros citados que en la copia del fallo agregado, se indican.

d) se estableció además que el dueño del camión que protagonizó el accidente, materia del cuasidelito de homicidio, es la demandada Transportes F 700 Limitada.

Tercero: Que, con el marco de los hechos precedentemente descritos, el fallo de primer grado en el párrafo segundo del motivo décimo que la sentencia impugnada mantuvo, no obstante dejar claramente establecido que en la especie el fundamento de la parte demandante para accionar contra el dueño del camión sería la solidaridad establecida en el artículo 174 de la Ley N°18.290 -que hace solidariamente responsables al conductor y al dueño del vehículo de los daños o perjuicios que se ocasionaren con su uso-, y en cuya virtud el fundamento o causa de la indemnización impetrada es la infracción culposa del chofer, decide sin embargo desestimar la demanda con el argumento de no haber acreditado en esta sede la parte actora "si el conductor del vehículo cumplió o no con su obligación de indemnizar, establecida en la sentencia penal acompañada en autos".

Cuarto: Que por su parte el fallo impugnado, que hace suyo el fundamento recién analizado, tiene principalmente en cuenta al confirmar la decisión apelada el considerar que "era deber de la actora, atendida la solidaridad alegada, deducir conjuntamente su acción en contra del conductor del camión, como asimismo contra el dueño de éste, en su calidad de tercero civilmente responsable lo que en la especie no ocurrió".

Quinto: Que asumido por los jueces de la instancia que el fundamento de la solidaridad invocada en autos arranca de lo previsto por el artículo 174 (hoy 169) de la Ley N°18.290 -lo que reafirma la dinámica del proceso en orden a haber restado mérito a las alegaciones del escrito de réplica que pretendieron alterar la acción principal del pleito-, correspondía que, atendida la época de ocurrencia del hecho generador de los perjuicios reclamados se diera cabal aplicación a las normas contenidas en los artículos 169 (antes 174) de la Ley del Tránsito, 171 del Código Orgánico de Tribunales y 59 del Código de Procesal Penal, como disposiciones especiales para la materia en análisis, así como a las generales relativas a la solidaridad hechas valer en el recurso, contempladas en los artículos 1511 y 1514 del Código Civil.

Dichos textos, en lo que interesa a este estudio, preceptúan en lo pertinente:

Artículo 169 de la Ley N°18.290: "El conductor, el propietario del vehículo, y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la ley vigente.".

En similares términos, los artículos 171 del Código Orgánico de Tribunales y 59 del Código Procesal Penal, disponen a su vez, y en lo pertinente que la acción civil que tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa, deberá interponerse siempre durante el respectivo procedimiento penal.

El Código Procesal Penal añade, como incisos segundo y tercero del artículo 59:

"Asimismo, durante la tramitación del procedimiento penal la víctima podrá deducir respecto del imputado, con arreglo a las prescripciones de este Código, todas las restantes acciones que tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible. La víctima podrá también ejercer esas acciones civiles ante el tribunal civil correspondiente. Con todo, admitida a tramitación la demanda civil en el procedimiento penal, no se podrá deducir nuevamente ante un tribunal civil.

Con la sola excepción indicada en el inciso primero, las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible que interpusieren personas distintas de la víctima, o se dirigieren contra personas diferentes del imputado, deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las regla s generales".

Finalmente, en lo que toca las normas generales sobre solidaridad contenidas en el Código Civil, conviene precisar que, luego de establecer el artículo 1511 en su inciso segundo que en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores, o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, evento en el que la obligación es solidaria, el artículo 1514 por su parte, dispone expresamente que: "El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división".

Sexto: Que del tenor de los textos precedentemente enunciados queda en evidencia que la regla general en materia de solidaridad pasiva es la facultad del acreedor para dirigirse a su arbitrio, o contra todos sus deudores, o contra uno de ellos por el total, de manera que carece de sustento legal -desde esta preliminar perspectiva-, la exigencia planteada en la sentencia que se impugna, en cuanto a que la parte actora debió haber accionado conjuntamente contra el chofer del vehículo y contra del dueño del móvil, para obtener la reparación por los daños reclamados.

Sin perjuicio de lo indicado cabe tener en consideración las normas especiales que rigen la situación de la especie, puntualmente el artículo 59 del Código Procesal Penal (de tenor similar al artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales) que faculta a la víctima y o, como en la especie, a sus causahabientes, para perseguir la responsabilidad civil derivada del hecho punible, pero sólo respecto del imputado, disponiendo que el resto de las acciones de este tipo que se dirijan "contra personas diferentes del imputado, sólo podrán interponerse ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales".

Séptimo: Que en el escenario precedentemente descrito surge con claridad que, no sólo por virtud de la normativa general sobre solidaridad, sino que bajo los parámetros insoslayables de las normas particulares recién citadas, no pudo plantearse a la parte demandante la exigencia de incoar la acción civil contra el tercero civilmente responsable conjuntamente con el chofer del vehículo, cuando, como lo revelaba el mérito de los hechos asentados en la causa, la parte acreedora ya había hecho uso de la facultad prevista por los artículos 171 del Código Orgánico de Tribunales y 59 de Código Procesal Penal, al deducir acción civil contra el chofer, en el proceso penal.

Octavo: Que al obrar del modo que se ha indicado, los jueces del grado han incurrido en los errores de derecho denunciados en el recurso, vulnerando las normas de los artículos 169 (antes 174) de la Ley N°18.290, 171 del Código Orgánico de Tribunales, 59 del Código Procesal Penal, 2511 y 2514 del Código Civil, yerros que influyeron decisivamente en lo dispositivo del fallo toda vez que la exigencia analizada en lo que precede, no prevista por la ley, se erigió en el fundamento basal para desestimar la demanda, confirmando bajo ese presupuesto el fallo apelado.

Noveno: Que, en razón de lo precedentemente analizado y concluido, el recurso de casación en el fondo deberá ser acogido, resultando innecesario formular otro tipo de consideraciones en relación a otros argumentos vertidos como concurrentes a la nulidad impetrada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, por los artículos 764 , 765 , 767 , 770 , 771 , 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en fojas 317, contra la sentencia de veintiuno de enero de dos mil diez, que se lee a fojas 316, la que se invalida y reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, separadamente.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Valdés quien estuvo por rechazar el recurso de casación en el fondo porque, en su concepto, los errores de derecho denunciados no tienen influencia en lo dispositivo del fallo, en atención a que la demanda fue planteada de manera errada, lo que impide acogerla. En efecto, si la parte demandante pretendía la condena solidaria del demandado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley del Tránsito, (actual 169) debió demandar por las sumas a que fue condenado el chofer del vehículo de propiedad del demandado en sede penal y no sumas superiores a ellas, como hizo. Lo anterior denota que los actores demandaron un cúmulo de responsabilidades, esto es, la solidaria del dueño del vehículo establecida en el artículo 174 de la Ley del Tránsito y la civil emanada del artículo 2320 del Código Civil, como claramente se desprende del texto de la réplica, acciones de hecho incompatibles, máxime si no se determinó claramente los límites de cada una de ellas, como es del caso.

Redacción de la Ministra señora Rosa Egnem Saldías y de la disidencia su autor.

Regístrese.

Nº 2557-10.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señoras Gabriela Pérez P., Rosa Egnem S., señor Juan Fuentes B., y el Ministro Suplente señor Juan Escobar Z. No firma el Ministro señor Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil doce.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a treinta y uno de agosto de dos mil doce, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, 31 de agosto de 2012.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Vistos: Se reproduce la sentencia apelada con las siguientes modificaciones:

A) En el párrafo segundo del fundamento décimo, a continuación de la frase "por el chofer del camión" sustituyese la coma (,) por un punto aparte (.) y elimínase la oración final que se inicia con las palabras "pero sin acreditar"... y hasta su término.

B) Elimínase el párrafo tercero del mismo motivo décimo.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1° Lo razonado en los considerandos segundo a séptimo de la sentencia de nulidad, que se tienen por expresamente reproducidos.

2° Que don José Fernando Benavides Muñoz, fue condenado en sede penal al pago de $2.135.720 por concepto de indemnización por daño emergente y de $10.000.000 por daño moral a favor de los demandantes doña Ismaela Enriqueta Díaz Alarcón, doña María Isabel, don Oscar Enrique, doña Ana María y doña Sonia Enriqueta, todos de apellidos Álvarez Díaz, por su responsabilidad penal en el accidente de tránsito que causó la muerte de don Oscar Aliro Álvarez Olivares.

3° Que en el cuasidelito antes señalado participó como autor el mencionado Benavides Muñoz, conduciendo un vehículo de propiedad de la persona jurídica demandada Transportes F 700 Limitada.

4° Que el artículo 169 de la Ley del Tránsito (antiguo 174) dispone que el conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la ley vigente.

5° Que la parte demandada no esgrimió ni acreditó que el vehículo que participó en el accidente del que derivó la muerte de don Oscar Álvarez Olivares fuera usado por el chofer don José Benavides Muñoz, contra su voluntad.

6° Que la solidaridad es una obligación por garantía en cuya virtud el deudor solidario queda obligado en los mismos términos que lo ha sido el deudor directo, efecto que en doctrina se denomina unidad de prestación o de objeto, y es en tal sentido que el artículo 1511 del Código Civil autoriza al acreedor para dirigirse contra cada uno de los codeudores por el total de la deuda, al tiempo que el artículo 1512 proclama que la cosa que se debe por muchos "ha de ser una misma". La normativa general recién citada, en lo que concierne a los márgenes de la obligación solidaria de que trata esta causa, no ha sido modificada por el artículo 169 de la Ley N°18.290.

7° Que en razón de lo anotado, la acción incoada contra el dueño del vehículo, vinculada a la obligación del causante del accidente por la solidaridad legal establecida en el texto del artículo 169 de la ley citada, no puede -en el contexto jurídico y fáctico de esta causa-, alcanzar otros límites que los predeterminados para el autor del cuasidelito, razón por la que el tribunal se hará cargo de la alegación subsidiaria del petitorio de la demanda en orden regular como indemnización lo que estime ajustado a derecho, esto es, de acuerdo a lo razonado, declarar la responsabilidad solidaria de la parte demandada para responder por las sumas determinadas como indemnización en la sentencia penal, rit N°139-2006 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, cuya copia se agregó a los autos.

8° Que establecida la obligación solidaria de la parte demandada, la extinción de la deuda por alguno de los medios legales debió ser específicamente esgrimida y acreditada por quien adujere o alegare el pago u otro medio de extinción, conforme a lo previsto por el artículo 1698 del Código Civil, lo que no aconteció.

Por estos fundamentos, y de conformidad además con lo dispuesto por los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada, de veintiocho de noviembre de dos mil ocho, escrita a fojas 265 y, en su lugar, se decide que se acoge la demanda de lo principal de fojas 44, sólo en cuanto se declara que la demandada Transportes F 700 Limitada, como codeudora solidaria de don José Benavides Muñoz, queda obligada en esa calidad al pago de $2.135.720 por concepto de indemnización por daño emergente y de $10.000.000 a título d e daño moral, en favor de los demandantes doña Ismaela Enriqueta Díaz Alarcón, doña María Isabel, don Oscar Enrique, doña Ana María y doña Sonia Enriqueta, todos de apellidos Álvarez Díaz.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Valdés quien estuvo por confirmar la referida sentencia teniendo únicamente presente los fundamentos de la disidencia vertida en el fallo de casación que antecede.

Redacción de la Ministra señora Rosa Egnem Saldías y de la disidencia su autor.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Nº 2557-10

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señoras Gabriela Pérez P., Rosa Egnem S., señor Juan Fuentes B., y el Ministro Suplente señor Juan Escobar Z. No firma el Ministro señor Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil doce.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a treinta y uno de agosto de dos mil doce, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.






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