Kléber Monlezun Cunliffe
Abogado Penalista


DELITOS CONTRA LA HONRA - CALUMNIAS E INJURIAS - ANIMUS INJURIANDI - RECURSO DE APELACIÓN - RECURSO ACOGIDO

 


Partes: Alemparte Perez, Daniel G. c/ Yarur Bascuñán, Jorge J. s/ Calumnias

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Cuarta

Fecha: 6-jul-2012

Cita: ROL:1462-12, MJJ32792

Producto: Microjuris

El ilícito de denuncia calumniosa persigue tutelar el bien jurídico de la correcta administración de justicia e impedir las perniciosas consecuencias, a las que podría verse expuesto un ciudadano con motivo de una denuncia dolosamente falsa deducida en su contra.

 

 

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la apelación deducida en contra la resolución que declaró inadmisible la querella calumniosa del artículo 211 del Código Penal, por cuanto se ha irrogado un perjuicio al apelante, toda vez que no se ha admitido a tramitación su querella, resolución que se hace descansar en la ausencia de un pronunciamiento judicial previo, en atención a lo establecido en el artículo 119 del Código Procesal Penal

2.- El sobreseimiento definitivo declarado por no constituir delito los hechos imputados otorgan mayor gravedad a la imputación que formuló el querellante, por lo que debe investigarse la posible comisión del delito de denuncia calumniosa, porque el mismo, bien pudo configurarse.

3.- El desistimiento del querellante deja a salvo el derecho del querellando de accionar por denuncia calumniosa y, con mayor razón, el derecho debe quedar a salvo cuando luego de una extensa investigación, se sobresee definitivamente la causa por estimar que no constituye delito los hechos investigados e imputados al querellado.

 

Fallo:

Santiago, 6 de julio de 2012.

OIDOS LOS INTERVINIENTES Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que del mérito de los antecedentes se constatan las siguientes circunstancias:

a) Con fecha 18 de junio de 2010, la sociedad "Inmobiliaria Milano S.A.", representada por Jorge Yarur Bascuñán, dedujo querella criminal en contra del querellante de esta causa, por el delito de entrega fraudulenta, la que fue acogida a tramitación por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa RIT 7379-2010, remitiendo la investigación de los hechos a la Fiscalía Local de Las Condes, asignándosele el RUC 1010015428-0.

b) Con fecha 26 de septiembre de 2011, el Cuarto Juzgado de Garantía procedió a sobreseer definitivamente la causa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 250 letra a del Código Procesal Penal, resolución que quedó ejecutoriada, según consta del certificado tenido a la vista, suscrito por el Jefe de la Unidad de Causas de dicho tribunal.

c) Con fecha 24 de mayo de 2012, don Daniel Germán Alemparte Pérez, presentó querella criminal por el delito de denuncia calumniosa del artículo 211 del Código Penal, en contra de Jorge Juan Yarur Bascuñán, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santigo;

d) Con fecha 25 de mayo de 2012, el indicado tribunal proveyó la querella en los siguientes términos: "Vistos: Teniendo únicamente presente que el 4° Juzgado de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo de conformidad con lo previsto en el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, lo que impide considerar la existencia del delito previsto y sancionado en el artículo 211 del Código Penal, materia de la querella y lo dispuesto en el artículo 114 letra c) se resuelve declarar inadmisible la referida querella.".

e) Con fecha 28 de mayo de 2012, la parte querellante pidió reposición de la resolución anterior, apelando en subsidio. Proveyendo la reposición, el tribunal señaló: "Compartiéndose los fundamentos de resolución recurrida, ya que si bien no se exige una declaración previa de la que la querella o denuncia haya sido calumniosa, si se requiere de una sentencia absolutoria resolución que dilucida de forma radical y concluyente el conflicto sometido a la decisión judicial; no ha lugar a la reposición interpuesta.". Acto seguido, concedió la apelación de que conoce esta Corte.

SEGUNDO: Que así entonces, el tribunal de garantía resolvió declarar inadmisible la querella a que se refieren estos antecedentes, singularizada en la letra c) del motivo anterior, por estimar que el sobreseimiento definitivo de la querella en que se funda, referida en la letra a) del motivo precedente, impide considerar la posible existencia del delito previsto y sancionado en el artículo 211 del Código Penal, materia de la querella de estos antecedentes, para lo cual se fundó en la letra c) del artículo 114 del Código Procesal Penal, que señala: "La querella no será admitida a tramitación por el juez de garantía: ... c) Cuando los hechos expuestos en ella no fueren constitutivos de delito;".

TERCERO: Que el artículo 211 del Código Penal, tipifica el delito por el cual el querellante deduce su acción y lo hace en los siguientes términos: "La acusación o denuncia que hubiere sido declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada, será castigada con presidio menor en su grado máximo y multa de dieciséis a veinte unidades tributarias mensuales, cuando versare sobre un crimen, con presidio menor en su grado medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si fuere sobre simple delito, y con presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si se tratare de una falta.".

Como puede apreciarse, el delito así tipificado, en términos estrictos, requiere para su configuración de una declaración previa efectuada por el tribunal que conoció de aquella investigación en orden a calificar la primera denuncia como calumniosa. Como tal requisito objetivamente no se cumplía en la especie, el juez a quo procedió a la declaración de inadmisibilidad de la querella.

CUARTO: Que a juicio de esta Corte, los hechos relatados en la querella no admitida por el a quo resultan, en principio, suficientes como para ser investigados, no obstante el sobreseimiento que en su momento decretó el tribunal por estimar que ellos no eran constitutivos de delitos. Si bien este pronunciamiento no puede estimarse como equivalente a una sentencia absolutoria, sus efectos prácticos son bastante similares, salvo en cuanto la decisión se adopta en un estadio anterior del procedimiento. Pero ello, no obsta a la circunstancia que el hecho denunciado, en su momento, por la querella sobreseída y que provocó una extensa investigación de casi un año y medio, con un sinnúmero de diligencias, declaraciones, actuaciones policiales, etc.; no pudo acreditar la comisión del delito imputado al hoy querellante y, más grave aún, ni siquiera las imputaciones fueron lo suficientemente verosímiles como para llegar hasta un juicio oral cuyo término lógico habría sido, lo más probable, una sentencia absolutoria. A juicio de estos sentenciadores, el sobreseimiento definitivo declarado, en su momento, por no constituir delito los hechos imputados, otorgan mayor gravedad a la imputación que formuló el, en ese entonces, querellante, por lo que todo parece aconsejar que se investigue la posible comisión del delito de denuncia calumniosa, porque el mismo, bien pudo configurarse.

QUINTO: Que tal como lo ha sostenido en una situación similar la Excma. Corte Suprema, en fallo de 12 de mayo de 2011, dictado en la causa Rol 9067-2010, la doctrina está conteste en señalar que el ilícito de denuncia calumniosa persigue tutelar el bien jurídico de la correcta administración de justicia e impedir las perniciosas consecuencias, a las que podría verse expuesto un ciudadano con motivo de una denuncia dolosamente falsa deducida en su contra.

SEXTO: Que el principio acusatorio que sustenta nuestro actual sistema de persecución penal, implica que las funciones asociadas a su ejercicio, esto es, la investigación, la acusación y la decisión, están separadas. Los poderes procesales de investigar y acusar están entregadas a un organismo autónomo, como es el Ministerio Público, mientras que la función de decidir es entregada a un órgano jurisdiccional. Cabe recalcar que una de las características del proceso penal chileno es la pasividad del juzgador, tanto en la etapa de investigación como durante la realización del juicio oral, estándole vedada la práctica de actos de investigación y de intervención en la producción de la prueba, salvo especialísimas excepciones que contempló el legislador, como la de ordenar al Ministerio Público la realización de diligencias a solicitud de parte en el caso del artículo 257 del Código Procesal Penal.

SEPTIMO: Que conforme a este principio, la carga de la prueba y la iniciativa de los actos de producción de prueba recaen en las partes, sin que se reconozca al tribunal facultades para intervenir en ella, ni desarrollar actividad probatoria de oficio.

OCTAVO: Que en este modelo de enjuiciamiento criminal, la exigencia de haberse declarado calumniosa la denuncia primitiva por el juez que conoció de la misma, no resulta posible de cumplir. En efecto, es el Ministerio Público y no los tribunales, el sujeto procesal que tiene a su cargo la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia de los imputados. De este modo, el juez no podrá hacer la declaración antes aludida, pues al no haber investigado los hechos no estará en posición de efectuar la valoración jurídica de los mismos para emitir el pronunciamiento que prevé el citado artículo 211.

De ello se sigue, que se está imponiendo a la parte querellante del delito de denuncia calumniosa, una carga que no estará en condiciones de satisfacer.

NOVENO: Que acorde con lo consignado precedentemente, queda en

evidencia que lo obrado por el juez de garantía, al dictar la resolución materia de estos antecedentes, importa la comisión de un yerro que ha irrogado al apelante un perjuicio, toda vez que no se ha admitido a tramitación su querella, declarándola inadmisible, resolución que se hace descansar en la ausencia de un pronunciamiento judicial previo, el cual no podrá ser obtenido por el interesado.

DÉCIMO: Que, para reafirmar lo hasta aquí expresado, es necesario reproducir tres considerandos contenidos en una sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 16 de noviembre de 2009, dictado en la causa Rol 7492-2008 que señalan, reafirmando la posición descrita: "Séptimo: Que, no obstante lo anterior, la posición dominante en la doctrina y en la jurisprudencia reciente es aquella que incide en que la supuesta declaración previa no es necesaria, y que no podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia ejecutoriada, no siendo menester procedimientos especiales no contemplados en la ley, sino que sólo dos juicios; el primero, en el cual se produce la denuncia o acusación, y el otro, diferente, en donde se la declara calumniosa y se condena a su autor. Dicho razonamiento, permite, además, subsanar los defectos de las anteriores opiniones, guardando la debida concordancia y armonía con el sistema general de nuestro ordenamiento procesal penal, pues de seguirlas implicaría en un caso establecer la existencia de un delito, sin incoarse el proceso respectivo, vulnerando mandato constitucional expreso al respecto, afectando principios tales como el derecho al debido proceso, la igualdad de las partes, la debida defensa y la imparcialidad del juzgador, entre otros; incluso, supondría que la sentencia condenatoria no aparezca fundada en un proceso previo, máxime si en nuestro país no existen los juicios declarativos de delitos ni juicios ejecutivos para aplicación de penas.

"Octavo: Que la anterior opinión cuenta con el resp aldo de autores como Garrido, Etcheberry, Labatut y Politoff, quienes en síntesis expresan que, si bien históricamente en la primera mitad del siglo se estimó por la doctrina dominante que era necesario para iniciar el proceso por falsa acusación, que existiera una declaración sobre su falsedad, al parecer apreciando por analogía lo dispuesto en el artículo 576 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal respecto de la querella por calumnias o injurias causadas en juicio, debía acompañarse un certificado en que constara la declaración judicial de que había mérito para proceder criminalmente.

Sin embargo, consideran más ajustada a la técnica y a la verdad, de que no es necesario un antejuicio para declarar calumniosa la acusación o denuncia, y afirman que terminado el juicio a que ha dado origen la acusación o denuncia falsa, el afectado o un tercero se presenta ante el tribunal que corresponda para que con el mérito de la sentencia dictada en el juicio anterior y que sobresee o absuelve, se investigue y pruebe lo falso o calumnioso de la acusación o denuncia que la haya motivado, y comprobado que ello sea, se sancione al autor de la forma que determina el artículo 211 del texto penal. (Labatut. Derecho Penal. Tomo II, Sexta Edición, Editorial Jurídica de Chile, pág. 72.)

"Noveno: Que, como consecuencia de lo que se viene expresando en las motivaciones anteriores, es en el segundo proceso en el cual corresponde establecer los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad respecto del artículo 211 del Código Penal, y en donde se deberá señalar si es o no culpable, de manera tal que no puede estar en oposición de ninguna otra por ser la primera que se aboca a esos extremos, sin que pueda establecer que se encuentra en oposición de cosa juzgada con aquella solicitada expresamente por el aquí querellante ... la que culminó con un sobreseimiento definitivo en favor del querellado, lo que le ha permitido plantearse ahora como querellante, para discutir por vez primera el hecho punible y la participación, ... siendo la presente investigación la única en la cual se persigue el castigo del ilícito en el cual debe efectuarse la calificación pertinente.".

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento y, finalmente, el principio de interpretación armónica del ordenamiento procesal penal, lleva necesariamente a detenerse un instante en el artículo 119 del Código Procesal Penal, que señala: "El desistimiento de la querella dejará a salvo el derecho del querellado para ejercer, a su vez, la acción penal o civil a que dieren lugar la querella o acusación calumniosa, y a demandar los perjuicios que le hubiere causado en su persona o bienes y las costas..."

En el sentido señalado en materia de desistimiento del querellante, en que queda a salvo el derecho del querellando de accionar por denuncia calumniosa, estiman estos sentenciadores que, con mayor razón, este derecho debe quedar a salvo cuando luego de una extensa investigación, se sobresee definitivamente la causa por estimar -el sentenciador- que no constituyen delito, los hechos investigados e imputados, en su momento, al querellado. Por estas consideraciones, disposiciones citadas y lo dispuesto en los artículos 111 y siguientes, 365 y siguientes del Código Procesal Penal, SE REVOCA la resolución apelada de veinticinco de mayo de dos mil doce, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que declaró inadmisible la querella deducida por Daniel Germán Alemparte Pérez, por el delito de denuncia calumniosa del artículo 211 del Código Penal, en contra de Jorge Juan Yarur Bascuñán, en la causa RIT N° 7762, RUC N° 1210014963-8 y, en su lugar, se decide que se declara admisible la referida querella, debiendo remitirla al Ministerio Público con el objeto que dicho ente persecutor, instruya la investigación pertinente.

Comuníquese y devuélvase la competencia.

Ingreso Corte N° 1462 - 2012.-

Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo.

No firma la Fiscal Judicial señora Pedrals, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra, e integrada por la Fiscal Judicial señora Beatriz Pedrals García de Cortázar y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.






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